La Comisión Permanente propuso al Congreso un periodo extraordinario para discutir varias leyes, entre ellas la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Jueves, 26 de junio de 2025
En los foros del Senado, alerté sobre un riesgo grave: el proyecto prioriza la libertad de expresión de los concesionarios privados (Televisa y TV Azteca) por encima de los derechos de las audiencias, violando abiertamente el Artículo 6º Constitucional, que garantiza el acceso a información plural y veraz como derecho humano fundamental.
Uno de los problemas estructurales de esta Ley está en el Artículo 228, cuyo último párrafo establece:
“los lineamientos que emita la Agencia deberán garantizar que los concesionarios […] cuenten con plena libertad de expresión, libertad programática, libertad editorial y se evite cualquier tipo de censura previa”.
Este texto otorga a los concesionarios de medios corporativos privados —equiparados fraudulentamente con medios públicos y sociales— una libertad sin contrapesos. En los hechos, equivale a permitirles difundir información falsa, manipulada o incompleta con total impunidad, bajo la excusa de la “libertad de expresión”. En este contexto, lo que se presenta cínicamente como libertad es, en la práctica, la libertad de mentir sistemáticamente y desinformar.
Así, la difusión constante de propaganda opositora disfrazada de noticias y opiniones manipuladas contra el gobierno de la 4T evidencia un exagerado desequilibrio informativo. El párrafo citado niega el derecho constitucional de las audiencias (Artículo 6º) —acceso a contenidos veraces, plurales y equilibrados— al subordinarlo al derecho de libre expresión. Y aunque las consecuencias de la desinformación mediática ya no son tan devastadoras como antes, en parte gracias a las “benditas redes sociales”, aún existen millones de personas que no distinguen con claridad la mentira informativa.
A esto se suma la casi imposibilidad de ejercer de manera efectiva el derecho de réplica, mientras el espectro electromagnético está copado por narrativas únicas y engañosas, diseñadas explícitamente para desinformar al público.
Ante este escenario, y para atender estas preocupaciones, en los foros del Senado propusimos modificaciones urgentes a la nueva ley de Telecomunicaciones:
Que el último párrafo del Artículo 228, que otorga “plena libertad editorial” sin establecer un equilibrio entre esta y los derechos de las audiencias, sea reformulado así:
“Los lineamientos emitidos por la Agencia garantizarán la libertad de expresión y la plena libertad editorial de los concesionarios, siempre y cuando se respeten integralmente los derechos de las audiencias definidos en esta Ley”.
Que en el Artículo 3 se definan de forma jurídica y explícita los derechos de las audiencias, conforme al espíritu del Artículo 6º constitucional: acceso a información verificada, pluralidad ideológica, derecho de réplica efectiva (en mismo horario y cobertura), y protección frente a campañas de desinformación.
Que la media hora asignada por ley para contenidos de interés público no comercial, en todos los medios privados (Artículo 224), no se fragmente y permita una réplica clara y directa.
Que el Defensor de las Audiencias tenga facultades vinculantes y recursos reales, dejando de ser una figura decorativa sin capacidad para sancionar.
El gobierno que se proclama transformador no puede omitir su obligación de garantizar el Derecho de las Audiencias. Esta Ley, impulsada por el senador morenista Javier Corral y el gobierno federal, no debe cometer el grave error histórico de perpetuar el privilegio corporativo de la libertad de expresión por encima del derecho ciudadano. Urgen sanciones ejemplares: multas proporcionales a ingresos, suspensión de publicidad oficial y revocación de concesiones para infractores reincidentes.
El Estado debe convertirse en garante activo de las audiencias: un defensor con poder vinculante.
Reformar el último párrafo del 228 no es solo un tema técnico o jurídico; es poner al pueblo por encima del lucro personal o corporativo de quienes siguen mintiendo impunemente. Si la 4T no corrige este punto, habrá firmado su complicidad con el monopolio privado de la falsedad y la corrupción mediática, aún vigente y protegido por leyes tramposas heredadas de tiempos nefastos.
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